Sólo falta que el presidente Barack Obama la firme para su promulgación.

Con 60 votos a favor y 39 en contra, el Senado otorgó este jueves la aprobación final a la reestructuración, que endurece las regulaciones de toda la industria financiera, en un intento de evitar que se repita la crisis del 2007 al 2009.

“Obama podría firmar el proyecto y convertirlo en ley este mismo jueves”, dijo el líder demócrata del Senado, Harry Reid. La legislación, a la que se han opuesto los bancos, deja pocos sectores de la industria financiera sin cambios.

El texto fija nuevas reglas para los bancos, establece un nuevo procedimiento para el desmantelamiento de los prestamistas en problemas y crea una agencia gubernamental para regular los mercados hipotecario y de tarjetas de crédito.

La ley limita, además, el riesgo de las transacciones de los bancos, lo que puede limitar sus ganancias.

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Las palabras del Ministro de Trabajo e inmigración, Celestino Corbacho, aconsejando a los trabajadores tener un plan de pensiones privado que complemente el sistema público, han devuelto a primera plana el debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Tanto el Ministro Corbacho, como la Ministra de Igualdad han puesto fecha límite al sistema público tal cual se encuentra configurado hoy en día. El Ministro Corbacho sostiene que “las pensiones del sistema público están garantizadas hasta 2025, sin hacer ninguna modificación”, aunque más atrevida se muestra la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, al afirmar que el Gobierno de España las garantiza a “la gente que tiene ahora 25 ó 30 años”.

Para hacer una valoración seria, que permita extraer conclusiones ciertas, hay que partir de la siguiente premisa: la raíz del problema es que nuestro sistema se basa en el criterio de reparto, donde los pensionistas no reciben lo que han ido ahorrando o invirtiendo (sistema de capitalización), sino que viven de las cotizaciones de los que trabajan a día de hoy.

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