Las palabras del Ministro de Trabajo e inmigración, Celestino Corbacho, aconsejando a los trabajadores tener un plan de pensiones privado que complemente el sistema público, han devuelto a primera plana el debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Tanto el Ministro Corbacho, como la Ministra de Igualdad han puesto fecha límite al sistema público tal cual se encuentra configurado hoy en día. El Ministro Corbacho sostiene que “las pensiones del sistema público están garantizadas hasta 2025, sin hacer ninguna modificación”, aunque más atrevida se muestra la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, al afirmar que el Gobierno de España las garantiza a “la gente que tiene ahora 25 ó 30 años”.

Para hacer una valoración seria, que permita extraer conclusiones ciertas, hay que partir de la siguiente premisa: la raíz del problema es que nuestro sistema se basa en el criterio de reparto, donde los pensionistas no reciben lo que han ido ahorrando o invirtiendo (sistema de capitalización), sino que viven de las cotizaciones de los que trabajan a día de hoy.

Se trata por tanto de un sistema piramidal que se muestra insostenible en el mismo momento en que el problema surge cuando la pirámide poblacional se invierte debido a la baja natalidad y al aumento de la esperanza de vida, momento en el que cada vez es más difícil pagar las prestaciones, y éstas se ven sustancialmente reducidas.

Reestructuración

Partiendo de esta base, surgen las siguientes preguntas: ¿Qué cabe esperar de un sistema dónde la tasa de paro roza ya el 20%? ¿No es acaso el envejecimiento de la población un evidente peligro para el sistema?

Teniendo en cuenta que tanto la tasa de población activa como la pirámide poblacional tienen una incidencia directa en el sistema retributivo de pensiones, es más que evidente que se hace necesaria una reestructuración radical si queremos garantizar el futuro de las pensiones públicas.

Un estudio publicado por la Unión Europea en Abril de 2009, afirmaba que España es uno de los países donde la baja tasa de natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la caída de los flujos migratorios pondrán en riesgo la sostenibilidad del llamado Estado de Bienestar. El ratio de dependencia, que ahora se sitúa en el 24,1%, podría dispararse hasta el 58,7% en 2050. Y hasta el 79% en 2060. Las cifras son aún más alarmantes si se toma en cuenta la dependencia económica total, es decir, la que incluye a toda la población inactiva y no sólo a los jubilados. En ese caso, la dependencia podría llegar hasta el 145% en 2060.

Siendo especialmente malos los datos en España, el resto de Europa comparte una situación similar con un ratio de dependencia del 72% en 2060.

Muy claro al respecto es el gráfico de la Pirámide de Población publicada por el INE, que muestra una clara figura de pirámide con forma regresiva apoyada en un descenso de la natalidad y un aumento de la esperanza de vida. En una figura de este tipo resulta incuestionable que llega un momento en el cual el número de perceptores supera muy ampliamente el número de cotizantes, lo cual hace insostenible el sistema.

Para un gobierno socialista resulta difícil admitir que el sistema de pensiones público pueda resultar insuficiente, pues el sistema público de pensiones es uno de los pilares de su política social. Pero la realidad se impone, y resulta del todo evidente que esta situación es difícil de reconducir.

Es el momento de aceptar que si queremos tener una jubilación digna, ésta va a venir de una política de ahorro familiar y de la contribución que en este sentido cada contribuyente realice a los planes de jubilación privados que, nos guste o no, son la única garantía de bienestar para el futuro.

Sostener lo contrario es empeñarse en mantener desde el poder un sistema piramidal, en el que antes o después se acabará poniendo al descubierto la falta de solvencia y su manifiesta insuficiencia.

En un contexto demográfico como el que los sistemas desarrollados viven en la actualidad, donde se produce un claro envejecimiento y una esperanza de vida creciente, pensar que el sistema público de pensiones tal y como está concebido es sostenible es una ilusión.

Se trata de un problema que debe ser resuelto con cierta celeridad, pues pone en peligro el estado de bienestar y cambiaría drásticamente la calidad de vida que se disfruta en la actualidad.

Una de las medidas aplicables para minimizar el impacto demográfico en el sistema de pensiones es ampliar el plazo para calcular la pensión en el momento de la jubilación. Ahora, las cifras surgen del cómputo de los últimos 15 años laborales del trabajador. Si se calculara la pensión a partir de toda la vida laboral, ello supondría un recorte medio de la cuantía de las nuevas pensiones del 15% y rebajaría el déficit del sistema a 1,15 veces el PIB en 2050, desde el 1,83 que marcan las previsiones si seguimos con el sistema actual.

En cualquier caso, cualquier medida que se tome en esa dirección conllevará una reducción de la cuantía de las pensiones, demostrando que el sistema público es manifiestamente insostenible y debe ser considerado como un apoyo al ahorro, pero en ningún caso una única fuente suficiente de ingresos tras la jubilación.

Cualquier afirmación en sentido contrario no deja de ser una falacia: por definición psicológicamente persuasiva, pero lógicamente incorrecta.

Sergio López Calzada
Socio – Consultor de Axequor Finance Consulting